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Sin Censura .-
29 de octubre de 2026
Por: Víctor R. Hernández
En la mañanera del 28 de octubre, Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno fortalecerá a Talleres Gráficos de México —organismo público descentralizado de la Secretaría de Gobernación— para que asuma la producción de la papelería electoral de los comicios de 2027. La frase fue directa: “Para eso está Talleres Gráficos de México, que es una empresa del Estado mexicano, para producir la papelería electoral, toda”. Acabaron con los mapaches, dijo; ahora van por los “coyotes electorales”.
El anuncio llega justo después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, rodeada de señalamientos de contratos millonarios
a empresas vinculadas a su entorno personal y familiar. La Auditoría Superior de la Federación ya investiga irregularidades por cientos de millones. Latinus y otros medios documentaron la red de proveedores que, desde hace más de dos décadas, han concentrado el negocio de boletas, urnas y materiales. Sheinbaum pide auditar desde 1999 y sostiene que las elecciones del 27 “no están en duda”.
En la misma conferencia, Sheinbaum negó cualquier vínculo de Taddei con Morena. Aseguró que la exconsejera llegó al organismo electoral de Sonora en 2014, bajo Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, cuando Morena ni siquiera existía como partido, y que su llegada al INE en 2023 se resolvió por sorteo ante la falta de mayoría calificada. “Ahora hay una campaña de que Taddei no era de Morena”, afirmó. Carlos Loret lo resumió con ironía anoche en su programa: ya están negando a Taddei; ¿qué sigue, van a negar a Andy?
La negación choca con los hechos. En octubre de 2024, la mayoría de Morena y sus aliados aprobó la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que le otorgó a Taddei los llamados “superpoderes”: facultad para designar y remover directamente a titulares de
direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin aprobación del Consejo General. La reserva la impulsó el senador morenista Pavel Jarero durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial. En la Cámara de Diputados el oficialismo sumó 336 votos a favor (Morena 234, Verde 57, PT 45) contra 123 de la oposición. Esos superpoderes concentraron poder unipersonal y facilitaron nombramientos que hoy están bajo escrutinio.
El problema no es solo el coyotaje privado. Es el remedio que propone. Concentrar la impresión de las boletas en una empresa del gobierno federal, bajo el control político de Morena, replica el modelo de Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde el Estado imprime los instrumentos del voto y la oposición no tiene garantías de acceso ni de supervisión independiente. En esos países la “imprenta del pueblo” se convirtió en el primer candado del fraude institucionalizado.
Talleres Gráficos de México no es un actor neutro. Ya participa en contratos con el INE y con organismos locales. El mismo organismo ha sido señalado por adjudicaciones a empresas ligadas al llamado clan Taddei. Fortalecerlo ahora, en medio de la crisis de confianza en el árbitro electoral, no elimina el conflicto de interés: lo traslada del proveedor privado al aparato del Estado que organiza las elecciones intermedias en las que se renuevan 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas.
La independencia del INE no se limita a la designación de consejeros. Incluye el control de los insumos críticos del voto: el papel, las marcas de agua, las tintas de seguridad, la cadena de custodia. Cuando el gobierno federal decide quién imprime y cómo se resguardan las boletas, el árbitro deja de ser autónomo. El ciudadano que deposita su voto no puede saber si la boleta salió de una imprenta vigilada por el partido en el poder o de un proceso verdaderamente competido y auditado por todas las fuerzas políticas.
Sheinbaum presenta la medida como transparencia y ahorro. En la práctica es concentración. Cuatro empresas privadas eran pocas; una empresa del Estado bajo la Segob es todavía menos. El comité de supervisión que propone no sustituye la pluralidad política que debe existir en la producción y resguardo de materiales electorales. En 2027 el margen de error institucional será mínimo. Cualquier duda sobre el origen o la integridad de las boletas se convertirá en impugnación o en abstención.
La renuncia de Taddei ya erosionó la credibilidad del INE. Entregar la imprenta al gobierno federal profundiza el daño. No se trata de defender a los coyotes privados; se trata de impedir que el partido que controla el Ejecutivo también controle el papel en el que se escribe el resultado. Venezuela, Nicaragua y Cuba no son ejemplos de eficiencia administrativa. Son ejemplos de lo que ocurre cuando el Estado se apropia de los instrumentos del voto.
En Durango y en el resto del país, el electorado de 2027 enfrentará una elección intermedia en la que Morena busca consolidar mayorías. Si las boletas salen de Talleres Gráficos de México bajo el esquema anunciado, la duda no será solo sobre el conteo: será sobre el origen mismo del documento. La democracia no se defiende con declaraciones de que “las elecciones no están en duda” ni con negaciones tardías sobre quién empoderó a Taddei. Se defiende garantizando que quien imprime las boletas no sea el mismo que aspira a ganarlas.
