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SIN CENSURA
3 de noviembre de 2026
Por: Víctor R. Hernández
“No hay abrigo para la mentira. Tarde o temprano manos hábiles la desnudan.”
La frase es de Julio Scherer García.
Medio siglo después de que el poder lo expulsara de Excélsior y fundara Proceso, la edición del 50 aniversario de esa revista vuelve a hacer lo que él entendía como oficio: remover con el bisturí y exhibir cómo el poder usa recursos públicos para construir una realidad a su medida.
En la Presidencia opera un grupo de propagandistas que, mediante empresas relacionadas, ha obtenido por lo menos 345 millones de pesos en contratos de la Cuarta Transformación. Trabajan junto a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de
asesores presidenciales. El mismo personaje figura como asesor general de la serie Los años heridos, por cuya producción pasaron 84 millones más a través de amigos y funcionarios. Los reportajes de Santiago Igartúa Scherer, Camila Ayala, Aldo Canedo, Dalila Escobar y Rodrigo Hernández reconstruyen decisiones tomadas en Palacio Nacional.
El núcleo del entramado es Heurística Comunicación, de Iván Manuel Silva Yanomé. La empresa nació en Jalisco en 2003 trabajando para el PRI y el PAN. En 2018 los hermanos Silva entraron al war room de López Obrador gracias a Ramírez Cuevas, Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky. Desde entonces se convirtió en la agencia de cabecera de Morena y la 4T. Ellos mismos lo dijeron: “encontramos una puerta abierta”.
Heurística no actúa sola. Forma parte de un grupo de empresas que comparten accionistas o representantes legales: NDMX Tecnología, Árbol Estrategias de Poder y Ocho Consultores de Jalisco. Esta red ha simulado competencia en licitaciones. Entre 2019 y 2021 ganó 73.4 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad de México y la Cámara de Diputados en procesos donde “competía” contra compañías del mismo
grupo. Hasta 2023 acumulaba al menos 182 contratos por 263.6 millones de pesos con Morena, sus gobiernos y organismos públicos. Proceso eleva la cifra del entramado más amplio a 345 millones, con montos adicionales reservados o no reportados ante el INE.
Aunque formalmente no pertenecen a la estructura de la Presidencia, estas empresas operan desde Palacio Nacional junto a Ramírez Cuevas. Encabezan una actividad digital frenética para apoyar programas de gobierno y desacreditar críticos. La red es impulsada también por Mario Delgado, actual secretario de Educación, quien ha sido clave en la adjudicación de contratos tanto en San Lázaro como en gobiernos estatales de Morena. El resultado es la privatización de la propaganda oficial.
El caso de Los años heridos ilustra el método. La serie, basada en el libro de Fritz Glockner, fue producida por Gravedad Cero Films, de Erwin Neumaier, exdirector de Cepropie y Estudios Churubusco en el sexenio anterior y hoy coordinador técnico del IMCINE. Los contratos, adjudicados sin licitar, salieron de Capital 21, Canal Once y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha hecho suya la producción. Una serie sobre violaciones a derechos humanos financiada, en parte, por la propia CNDH y con la participación directa de quien coordina la narrativa desde Palacio.
Conocidos como “los magos de las campañas”, Heurística y su grupo han encumbrado a gobernadores como Rubén Rocha Moya en Sinaloa, Marina del Pilar en Baja California y Mara Lezama en Quintana Roo, protagonistas de escándalos por alegadas relaciones con la delincuencia organizada o presunto enriquecimiento ilícito. El patrón se repite: la misma red que construye narrativas electorales luego recibe contratos de los gobiernos que ayudó a instalar. Investigaciones previas documentaron que varios de esos contratos no fueron reportados con transparencia ante el INE.
Scherer García escribió que no era función del periodismo complacer al presidente ni servir al gobierno. Si el mandatario se equivocaba o mentía, él era el falaz, no los críticos de su política. También describió el ciclo que el priismo impuso a la prensa: primero el halago, luego la corrupción y, consumada la derrota moral del cuarto poder, la humillación. La diferencia hoy no es de fondo, sino de método. La propaganda ya no depende principalmente de la publicidad en medios tradicionales. Se ha externalizado a empresas “relacionadas” que se financian con contratos de los tres niveles de gobierno de Morena, del propio partido y de instituciones públicas.
Los 345 millones identificados en la red de Heurística y los 84 millones de la serie son cifras mínimas. Las cantidades reservadas y los contratos no reportados sugieren que el monto real es mayor. El costo no es solo presupuestario: es la erosión de la distancia entre el poder y quienes lo narran. En lugar de la austeridad prometida, se consolida un sistema en el que recursos públicos sostienen la construcción de la narrativa oficial y las redes de lealtad política.
“La cirugía y el periodismo remueven lo que encuentran. El periodismo ha de ser exacto, como el bisturí.” Esa exigencia de Scherer sigue vigente. En Palacio Nacional se decide no solo la narrativa oficial, sino el destino de cientos de millones de pesos que fluyen hacia empresas de propagandistas que operan a su lado. La pregunta que Proceso plantea en su aniversario es la misma que su fundador se hizo frente a otros presidentes: si el poder miente o se equivoca, ¿quién lo señala con los hechos? Las manos hábiles ya empezaron a desnudar el abrigo.
