Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 31 segundos
SIN CENSURA
10 de noviembre de 2026
Por: Víctor R. Hernández
El 5 de noviembre los 254 diputados federales de Morena recibieron en sus celulares un mensaje con los “ejes estratégicos narrativos” que debían repetir. La instrucción salió de la vocería del partido en San Lázaro, a cargo de Arturo Ávila, y del exrepresentante ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna. Surgió de reuniones entre los liderazgos de la Cámara y la dirigencia nacional.
El objetivo era cambiar la narrativa sobre la corrupción en el Instituto Nacional Electoral y minimizar el descontento social contra la actual administración. Se les ordenó publicar en Facebook, Instagram y X cinco puntos fijos y no apartarse de ellos.
Los puntos eran claros y repetitivos.
1- Primero: “Esto es una mafia electoral”.
2- Segundo: Lorenzo Córdova sabía y no hizo nada; en sus nueve años como presidente hubo contratos entre los OPLE por más de dos mil millones de pesos que favorecieron a cinco
empresas principales asociadas a Alfredo Hernández.
3- Tercero: tras la reforma electoral de Peña Nieto, Córdova recibió el superpoder de aprobar a los presidentes de los OPLE.
4- Cuarto: el vínculo entre Alfredo y Lorenzo es Juan Carlos Padilla Aguilar, operador de Somos en el Estado de México, el mismo partido del que Córdova es asesor junto a Claudio X. González y otros exconsejeros, con pasado en el CISEN en tiempos de Salinas.
5- Quinto: Taddei es miembro de la mafia electoral porque fue designada por Córdova en 2014 y participó en el otorgamiento de contratos a los OPLE.
La orden se cumplió con disciplina de escuadrón. Ricardo Monreal publicó que la Presidenta tiene razón y que durante más de dos décadas una mafia electoral se enquistó en el INE, por lo que el órgano necesita un saneamiento total. Dolores Padierna hizo al menos tres publicaciones; en una repitió casi textual el punto sobre los dos mil millones y en otra detalló el vínculo con Padilla Aguilar y el CISEN. Sergio Gutiérrez Luna insistió en que desde 2019 había dicho que Lorenzo tenía cooptado al INE y que conocía el duopolio. Pedro Zenteno Santaella escribió “¡Córdova, no te hagas Lorenzo!” y Arturo Ávila subió imágenes de Woldenberg, Ugalde, Valdés y Córdova con el mensaje de que los guardianes de la democracia fueron en realidad guardianes de la corrupción hasta que llegó la 4T.
Desde el 5 de noviembre se contabilizan más de 400 publicaciones de al menos 130 de los 254 diputados. El corte de caja del lunes sumaba 3.14 millones de vistas. La meta es llegar a 9 millones antes de que termine la semana, por eso se les exigió subir hasta tres textos diarios. La maquinaria no es espontánea: es ordenada, medida y con presión por métricas. El mensaje interno es que hay que diluir el costo político de la corrupción en el INE culpando a las administraciones anteriores y presentando a Taddei como parte de esa vieja mafia.
El deslinde tiene un problema de fondo. Guadalupe Taddei fue designada consejera presidenta del INE el 31 de marzo de 2023 por insaculación en la Cámara de Diputados, después de que no hubo acuerdo político. El Congreso ya estaba bajo control de Morena y sus aliados. El nombramiento de 2014 al que se refiere el guion fue el de la presidencia del OPLE de Sonora, no el de la presidencia del INE. Además, Taddei tiene vínculos familiares con el movimiento: es prima del superdelegado federal en Sonora y tía del director de LitioMX. Morena apostó a la probabilidad en las listas de la tómbola y el azar la favoreció. Durante su gestión el organismo avaló la sobrerrepresentación de 2024, el uso de acordeones en la elección judicial y un flujo de información hacia Palacio Nacional.
Las cifras de los contratos tampoco apoyan el relato de que la 4T detuvo el saqueo. La red de empresas de los hermanos Hernández Casillas (Formas Finas, Cajas Graf, Seriplast, Corporativo ZEG y otras) acumuló entre dos mil y dos mil 740 millones de pesos en contratos con OPLE e INE en la última década. Entre 2015 y 2023 fueron más de dos mil millones en 23 estados; entre 2024 y 2025 sumaron otros 646 millones en 15 organismos. Videos difundidos por Latinus muestran a Taddei y Alfredo Hernández Casillas negociando porcentajes y montos. La ASF y la Secretaría de Buen Gobierno han señalado irregularidades, simulación de competencia y concentraciones. La corrupción no se detuvo con la llegada de la 4T: continuó y se concentró bajo la administración que ahora se deslinda.
Esto forma parte de una estrategia más amplia de comunicación política puesta en marcha desde Palacio Nacional. Analistas como Raymundo Riva Palacio han documentado que asesores especializados diseñaron la línea: negar el vínculo de Taddei con Morena, trasladar la responsabilidad a las administraciones de Woldenberg, Ugalde, Valdés y Córdova, y preparar el terreno para acusaciones penales contra ellos. Gobernadores morenistas replicaron mensajes casi idénticos. El objetivo declarado es el “saneamiento total”; el operativo real es controlar la narrativa para avanzar hacia un Plan D de reforma electoral que, de cara a 2027 y 2030, garantice el control de la autoridad electoral y la mayoría calificada.
Mientras se exige a Córdova “dar la cara” y se acusa a Taddei de pertenecer a la vieja mafia, el partido que tiene mayoría en el Congreso, que impulsó la tómbola de 2023 y que se benefició de las decisiones de Taddei, ordena a sus legisladores repetir un guion. El descontento social por los contratos a modo se intenta diluir culpando al pasado, exactamente cuando las investigaciones apuntan a irregularidades que siguieron operando. La acrobacia es evidente: se deslinda de quien designó y de quien le sirvió, se culpa al pasado que no controlaba el Congreso y se prepara el terreno para reconfigurar el árbitro electoral.
La honestidad que predica el hashtag #MorenaEsHonestidad no aparece en el guion ordenado ni en las cifras de los contratos que siguieron fluyendo. La ciudadanía verá si la investigación llega hasta donde debe o si la maquinaria narrativa logra reescribir la historia antes de 2027. Las métricas de la orden (más de 400 posts, 3.14 millones de vistas y la presión por llegar a 9 millones) muestran que no se trata de una reacción espontánea, sino de una campaña dirigida para proteger el costo político de la actual administración.
