Endurecer penas por abandono de menores, plantea Cynthia Mont.

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Con el objetivo de fortalecer la protección de la infancia y establecer consecuencias más severas ante conductas que pongan en peligro la vida de los más pequeños, la diputada Cynthia Monserrat Hernández Quiñones, propuso reformar el Código Penal del Estado a fin de agravar las penas por abandono de menores de tres años cuando exista un riesgo real y grave para su integridad.

“Una niña o un niño puede no tener todavía la capacidad de defenderse, pero sí tiene el derecho de que la ley lo proteja”, afirmó a nombre de la coalición Cuarta Transformación.

La legisladora señaló que un bebé o un niño de corta edad depende completamente de los adultos para sobrevivir, protegerse y satisfacer sus necesidades básicas, por lo que abandonarlo en circunstancias que comprometan su vida o su salud representa una conducta de especial gravedad que debe tener una respuesta jurídica diferenciada.

Explicó que actualmente el Código Penal contempla el delito de abandono de personas menores de edad, con sanciones de tres meses a dos años de prisión; sin embargo, consideró necesario distinguir aquellos casos en los que, por la corta edad de la víctima y las condiciones del abandono, se genera un peligro concreto de muerte o de daño grave a su salud.

En este sentido, la propuesta establece que cuando una persona que tenga la obligación de cuidar a un menor de tres años lo abandone bajo estas circunstancias, pueda recibir una pena de uno a cuatro años de prisión, con el propósito de que la sanción sea proporcional a la gravedad de la conducta y al riesgo ocasionado.

Hernández Quiñones aclaró que la iniciativa no busca criminalizar la pobreza ni castigar a madres o padres que atraviesan situaciones difíciles y acuden a instituciones para solicitar ayuda y garantizar la protección de sus hijos. Precisó que la agravante únicamente procederá cuando se demuestre que existió un peligro real y grave para la vida o la salud del menor.

La diputada destacó que los primeros años de vida representan una etapa de especial vulnerabilidad, en la que niñas y niños requieren cuidados permanentes y protección de los adultos, por lo que las leyes deben responder a las condiciones particulares de quienes todavía no tienen la capacidad de defenderse por sí mismos.

“Un niño de dos años no sabe qué dice el Código Penal. Un recién nacido no conoce de artículos ni de sanciones. Pero ambos tienen derecho a que su vida sea protegida”, expresó al explicar el sentido de su propuesta.

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