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A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, Iván Soto Mendía hizo un llamado a fortalecer la protección jurídica de las maestras y los maestros de Durango frente a amenazas, actos de hostigamiento y acusaciones deliberadamente falsas, al señalar que el personal educativo debe contar con garantías para ejercer su profesión con dignidad, tranquilidad y respeto a sus derechos.
“Hay maestras y maestros que hoy tienen miedo de ejercer su profesión, miedo de llamar la atención a un estudiante, de aplicar una medida disciplinaria o de enfrentar un conflicto con algún padre de familia”, expresó al hacer uso de la tribuna, y al hablar también desde su experiencia como docente.
En este sentido, recordó que su bancada presentó una iniciativa para proteger al personal docente, directivo y administrativo ante situaciones que puedan poner en riesgo su trayectoria profesional, su estabilidad laboral y su entorno familiar.
Soto Mendía advirtió que una acusación sin fundamento puede afectar en pocos días una trayectoria construida durante 20 o 30 años de servicio, particularmente cuando un trabajador es separado de sus funciones, cambiado de escuela o exhibido públicamente, y posteriormente las investigaciones no encuentran elementos para acreditar su responsabilidad.
El legislador precisó que su planteamiento no busca desestimar las denuncias ni anticipar la inocencia o culpabilidad de las personas señaladas, pues corresponde a las autoridades competentes investigar cada caso conforme a derecho. Sin embargo, consideró necesario atender las afectaciones personales, familiares y profesionales que pueden derivarse de señalamientos que no logran acreditarse.
“No estoy hablando de situaciones imaginarias. Son hechos que han ocurrido en Durango y en otros estados vecinos y que deberían preocuparnos a quienes tenemos la responsabilidad de legislar”, señaló.
Asimismo, indicó que esta preocupación no es exclusiva del magisterio duranguense, al referirse a iniciativas que, de acuerdo con su exposición, han sido aprobadas en congresos locales de Aguascalientes, Chihuahua y Guerrero para fortalecer la seguridad jurídica de las y los trabajadores de la educación.
“Proteger a nuestros estudiantes es y seguirá siendo una obligación. No son derechos que deban enfrentarse, son garantías que deben coexistir”, puntualizó.
